No es nuestra intención seguir exprimiendo la -infame- noticia del secuestro de El Jueves. Todo lo que se tenía que decir, ya se ha dicho: la reacción de internet ha caido como el rayo, y al margen de la posibilidad de que la ilustración fuera -o no- una injuria hacia la corona, la mayoría está de acuerdo en que la medida fue absurda, desproporcionada y contraproducente.
Lo que si me ha llamado la atención han sido las curiosas declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien en un principio no tuvo ningún problema en defender la actuación del fiscal Miguel Ángel Carballo (auténtico artífice de esta pantomima), quien motivó el secuestro de la edición; ahora resulta que tras los innumerables palos que le han caido, se cambia de chaqueta descaradamente y según El País…
La vicepresidenta se ha referido de nuevo al origen de la decisión judicial para hacer una cerrada defensa del derecho a la libertad de expresión. Tras presumir que existe un prejuicio sobre la autonomía de la Justicia, ha recordado que el secuestro de El Jueves está sometido a la decisión de los jueces y son ellos los que deben dilucidar al respecto. Sin embargo, se ha mostrado contraria a limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Aunque, en referencia a la recurrente colisión de este derecho con el honor, ha matizado que su ejercicio debe ser compatible con ése y otros como el de la intimidad, la propia imagen o el respeto de las instituciones democráticas. “Deben coexistir sin limitar sus contenidos”, ha insistido.
Un cachondeo, vamos.
Y claro, mientras estos tipos intentan convertir el secuestro del número 1573 de El Jueves en una nueva herramienta política para arañar votos mojándose lo menos posible, los autores Manel Fondevilla y Guillermo (guionista y dibujante respectivamente de la polémica portada) son los máximos perjudicados, imputados de caracter inmediato para declarar ante el juez Del Olmo por un presunto delito de injurias contra la corona.
Y claro, la única actitud posible por parte de estos individuos es ponerse a la defensiva soltando afirmaciones categóricas que tienen mucho de barbaridad y poco de democrático, tal y como ha hecho el señor Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Según Hernando “no se puede teorizar” sobre algo que está “en el ordenamiento jurídico” español, como es el delito de injurias contra la Corona y considera que “habrá que cumplir” lo que se estipula en el ordenamiento jurídico, ya que es (atención, que esta es buena) “una expresión de la voluntada del pueblo y no se puede ir en su contra“.
Ver para creer.
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